Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la nueva Ley Federal de Competencia Económica y la regresó a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones que buscan fortalecer las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Tras un largo debate, la ley fue aprobada en lo general con 105 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Esta ley busca dar certeza jurídica a consumidores y eliminar los monopolios, con nuevas reglas de acceso a las empresas y a los mercados económicos.
Con la nueva disposición quedan prohibidas las prácticas monopólicas y las concentraciones. Además, a la Cofece se le dan las facultades de garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, prevenir, investigar y combatir prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento de los mercados.
Asimismo, la Cofece impondrá sanciones y ordenará medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; también formulará denuncias ante el Ministerio Público sobre conductas delictivas sobre libre concurrencia y competencia económica.
De igual forma, podrá realizar visitas de verificación, citar a declarar a personas relacionadas con las investigaciones y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Durante la la discusión de su contenido, se acordó modificar los artículos 12, 30, 31, 32, 66, 75, 87, 94, 95, 104 y 131 de la ley y el artículo 5 transitorio; además de que se añadieron los artículos 3 y 7 transitorios al dictamen y un Artículo 254 bis-1 al Código Penal federal.
Estos cambios fueron planteados por los senadores Héctor Larios, José Ascención Orihuela, Alejandro Encinas y Luis Armando Melgar, presidentes de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Fomento Económico, de Estudios Legislativos, Segunda, y Especial de Productividad, así como por el senador Mario Delgado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con ello se precisa que la Cofece tendrá la atribución de resolver sobre las solicitudes de opinión formal y emitir orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia económica que le sean formuladas de conformidad con los artículos 104 a 110 de la ley.
Además deberá publicar las disposiciones regulatorias sobre la imposición de sanciones, prácticas monopólicas, determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos y determinación de mercados relevantes.
De igual forma las barreras a la competencia y libre concurrencia, insumos esenciales, así como para la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos.
En el dictamen turnado a San Lázaro se destaca que se modificó el dictamen para que el titular de la autoridad investigadora sea designado y removido por el pleno de la comisión por mayoría calificada de cinco comisionados y dure en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto una sola vez, previa evaluación de su desempeño.
Entre los requisitos para desempeñar esa función se incluyó no haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber representado de cualquier forma los intereses de algún agente económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta ley durante los tres años previos a su nombramiento.
Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo en que haya ejercido su función, no podrá desempeñarse como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de un agente económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos a su cargo durante el desempeño de su responsabilidad.
De acuerdo con las modificaciones aprobadas al proyecto, este funcionario podrá ser removido por incumplir de manera grave o reiterada con las obligaciones propias de su encargo, como el incumplimiento sistemático de la ley o procurar beneficios indebidos para sí o para terceros.
Los senadores también cambiaron la redacción del dictamen con el propósito de que la investigación de la comisión inicie de oficio o a solicitud del Ejecutivo federal, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía o de la Procuraduría Federal del Consumidor, que tendrán carácter preferente, o a petición de parte.
La Cofece podrá realizar visitas de verificación con el fin de obtener datos y documentos que se relacionen con las investigaciones que se lleven a cabo.
Además se acordó establecer que los agentes económicos deberán tener la autorización para realizar la concentración en un mercado, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 86 de la ley.
DICTAMEN EN LO GENERAL RECIBIÓ CRÍTICAS
La minuta, que ahora regresará con diversas modificaciones a la Cámara de Diputados, recibió críticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el voto en contra del Partido del Trabajo.
Al iniciar la discusión en lo particular, el PRD señaló que aún quedan temas pendientes, como el referente a daños y prejuicios, ya que el artículo 134 del dictamen establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la resolución de la comisión haya quedado en firme.
“Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas”, dijo el perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Agregó que la ley deja de lado temas como el acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es en un fenómeno donde exista escasez de los mismos, “lo que deja un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica”.
